Abuso de derecho en las comunidad de propietarios

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Abuso de derecho en las comunidad de propietarios

Una de las principales causas de conflicto en las comunidades de propietarios se produce cuando el propietario de una vivienda o de un local necesita realizar una obra o instalación. Realmente el conflicto surge cuando la comunidad de propietarios no autoriza dicha obra o elemento, o cuando ni siquiera el propietario solicita la autorización.

En definitiva, en este artículo vamos a intentar explicar quién tiene la razón cuando, por ejemplo, el propietario de una vivienda quiere instalar un aire acondicionado en su vivienda, o cuando el propietario de un local comercial tiene la intención de instalar una chimenea o una puerta de emergencia.

A la hora de abordar estos conflictos los administradores de fincas en primer lugar, y los Tribunales (cuando ha sido imposible evitar la vía judicial) nos tenemos que ceñir al supuesto concreto, es una cuestión que debe analizarse caso por caso y con mucho detenimiento.

La base jurídica se encuentra en el artículo 7.2 del Código Civil que refleja el abuso de derecho. En estos casos, el abuso de derecho es básicamente aplicar la ley de forma abusiva impidiendo el desarrollo de la actividad privada cuando no se produce un perjuicio para la comunidad de propietarios. La doctrina y la jurisprudencia califican esta actitud de «ejercicio antisocial del derecho».

Los profesionales del derecho ponderamos tres factores para determinar si ha existido abuso de derecho:

1º Entidad de la obra o instalación.

2º Afectación de dicha obra o elemento sobre los servicios y elementos comunes.

3º Si existe un verdadero perjuicio.

Ante estos tres factores los tribunales como regla general consideran que hay abuso de derecho cuando la negativa a dicha obra o instalación produce un innegable perjuicio al propietario demandante sin provecho alguno para la comunidad de propietarios. Los tribunales en estas ocasiones analizan si la comunidad de propietarios en su negativa carecen de fin serio y legítimo, y de toda razonable justificación. Por tanto, exigen un INTERÉS RAZONABLE.

En cambio en términos generales no consideran actitud abusiva cuando afecta a elementos, instalaciones u obras de elementos comunes aunque haya una licencia administrativa por el medio. La relación entre el propietario con la administración no puede limitar los derechos privados de terceros.

 

 

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